No cesan los ataques contra agricultores y pueblos indígenas

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Incluso en medio de la celebración del mes de los agricultores y los pueblos indígenas, el ejército y la policía siguen violando sus derechos. En octubre fueron detenidas ilegalmente 32 personas, entre ellas al menos 29 mangyan, dos consultores de paz del NDFP y un agricultor de Negros. También secuestraron a un organizador y lo presentaron como «rendido».

En Mindoro Occidental, fuerzas policiales y militares detuvieron el pasado 18 de octubre a 29 Mangyan Iraya residentes en Hacienda Almeda, en Abra de Ilog, entre ellos 17 ancianos y 12 menores. En connivencia con Pieceland Corporation, la familia Almeda ha estado intentando apoderarse de la hacienda. No es la primera vez que los indígenas son expulsados violentamente de sus tierras.

En Davao del Norte, fuerzas conjuntas de la policía y las AFP detuvieron el 2 de octubre en Barangay Mankilam, ciudad de Tagum, a Porferio Tuna, consultor de paz del Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP). Su detención viola el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad entre el gobierno filipino y el NDFP, que garantiza la seguridad de todas las partes implicadas en las conversaciones de paz.

En Ilocos Norte, las fuerzas estatales detuvieron el 21 de octubre a Simeon «Ka Filiw» Naogsan, portavoz del Frente Democrático Popular de la Cordillera y asesor de paz del NDFP. Naogsan fue conducido a la comisaría municipal de Baccara y posteriormente trasladado a un lugar no revelado.

En la ciudad de Escalante, Negros Occidental, el 79º IB detuvo al líder campesino José Puancing el 7 de octubre. La detención se basó en afirmaciones de que la PNP y el 79º IB se incautaron de armas y explosivos durante la ejecución de una orden de registro en 2019. La orden se encontraba entre las órdenes defectuosas emitidas por la juez Cecilyn Burgos-Villavert.

En Laguna, el 203º IBde la AFP secuestró al organizador campesino Fhobie Matias, del Katipunan ng mga Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan, el 28 de septiembre en la ciudad de Calamba. Matias estaba reunido con agricultores de Laguna cuando fue secuestrado. Después de casi dos semanas, la 203ª IBde anunció que se había hecho cargo de la custodia de Matias, alegando que se les había entregado.

«Acusaciones de «terrorismo Se han presentado cargos de «financiación del terrorismo» contra la pequeña empresaria indígena Marcylyn Pilala, residente en Barangay Gueday, Besao, provincia de Mountain. Pilala, propietaria de una tienda, está acusada de proporcionar alimentos, medicinas y otros suministros al Nuevo Ejército del Pueblo. Un caso similar se presentó contra Alaiza Lemita, hermana de un activista asesinado por los militares durante el Domingo Sangriento del 7 de marzo de 2021.

Lenville Salvador, ex presidente de la organización de desarrollo Ilocos Center for Research, Empowerment and Development, también fue acusado de «financiación del terrorismo».

Acoso. En Barangay Mapalacsiao, ciudad de Tarlac, cuatro presuntos agentes militares asaltaron la residencia de Francisco Dizon, presidente de la Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita, el 18 de octubre.

La policía y la 31ª MIB también bloquearon el 18 de octubre uno de los vehículos utilizados por los granjeros de Hacienda Luisita, en Tarlac City. Los campesinos se dirigían a una reunión para conmemorar el mes nacional del campesinado.

Los líderes de la organización de masas, Mimi Doringo, Mar Valbuena y Regie Manlapig de Manibela, Mody Floranda y Ruben Baylon de Piston, fueron acusados de violar la BP 880 o Asamblea Pública por organizar una huelga y una protesta. Se les ha ordenado comparecer ante el tribunal el 14 de noviembre.

No cesan los ataques contra agricultores y pueblos indígenas