La guerra sucia del régimen convierte en víctimas a dos niños
Mientras la Ley Antiterrorista sigue siendo debatida en el Tribunal Supremo sobre cómo viola los derechos democráticos, el Estado reaccionario está perpetrando incesantes ataques contra la población, especialmente en zonas remotas que están lejos de los ojos de los medios de comunicación y los magistrados. Dos niños han sido recientemente víctimas de la guerra sucia del régimen de Duterte, que tiene como objetivo a los civiles. Entre las víctimas se encuentran también miembros de organizaciones que han sido reiteradamente señaladas por los militares en el pasado.
Ataques a los derechos de los niños. La bebé Carlen, de un mes de edad e hija de la detenida política Nona Espinosa, murió el 14 de febrero debido a una complicación pulmonar y a una infección sanguínea. Fue separada de su madre tres días después de nacer. Espinosa y otras ocho personas fueron detenidas en septiembre de 2020 en Guihulngan City, Negros Oriental.
En Maguindanao, el niño de seis años Saad Abdulkadir Tumbi también murió el mismo día debido a la infección causada por las heridas que sufrió en su casa de Barangay Sambulawan, Datu Salibo, Maguindanao fue alcanzada por una esquirla de mortero lanzado por la 6ª ID el 13 de diciembre, 2020. Otros cuatro civiles, entre ellos otro niño, resultaron heridos durante dicho incidente.
Asesinato político. Dos sospechosos asesinaron a tiros a Lucresia Tasic, concejala de barangay de Hanopol Norte, Balilihan, Bohol, en el interior de su casa el pasado 16 de febrero. Tasic era una activa partidaria y defensora de la lista del partido Anakpawis durante las anteriores elecciones. El pasado 8 de febrero, elementos de la 90ª y 72ª IB mataron a tres agricultores en Marinangao, Barangay Sarayan, Pres. Roxas, Cotabato del Norte.
La policía hizo creer que las víctimas fueron asesinadas tras intentar “defenderse”. Las víctimas fueron identificadas como Buenaventura Dawal y el operador de la máquina fumigadora Dennis Nogollos. Dawal, que trabaja como personal de una institución agrícola local, también fue asesinado.
Arresto. La policía detuvo a Rogelio de Asís, presidente de Pamalakaya-Caraga y miembro de la Promoción de la Respuesta del Pueblo de la Iglesia, dentro de su casa en Barangay Matabao, Buenavista, Agusan del Norte, el 11 de febrero.
Se le acusó de un falso asesinato. El pasado 6 de febrero, la policía detuvo al activista y trabajador sanitario Vilma Dalangin-Yecyec, de 72 años, en Mainit, Surigao del Norte. La víctima fue acusada de ser miembro del NPA.
En Baggao, Cagayan, la policía allanó la casa de Ruben Salvador presidente del barangay de Agaman, el pasado 8 de febrero. Su casa fue registrada mediante una orden emitida por la jueza Shiela Gacutan-Labuguen del Tribunal Municipal de Baggao. La policía colocó como pruebas armas de fuego y explosivos para justificar la detención.
Bombardeos. Los militares bombardearon repetidamente las comunidades cercanas a Barangay Masaya, Buenavista, Quezón después de participar en un encuentro con una unidad del NPA en dicho barangay en la madrugada del 5 de febrero. Esto traumatizó y perturbó la vida de 26.200 residentes en las localidades vecinas de Buenavista, San Narciso, Catanauan y Mulanay. Al menos 20 barangays de López, Macalelon, General Luna y Catanauan están actualmente bajo operaciones militares focalizadas.
En la Provincia de la Montaña, dos helicópteros militares bombardearon tierras de cultivo y de pastoreo de residentes en Barangay Tamboan, Besao, el pasado 11 de febrero. Tras el bombardeo, las tropas del 7º IB y de la Policía Nacional de Filipinas Polce-Cordillera estratificaron indiscriminadamente la zona.
Acoso. La Oficina de Inmigración ordenó formalmente la deportación de Otto De Vries, misionero de los Países Bajos e investigador voluntario del Instituto Ecuménico de Educación e Investigación Laboral, el pasado 18 de febrero.
Demolición. Más de 50 casas fueron demolidas ilegalmente por unos 150 matones del terrateniente Pablito Encarnación, junto con la policía en sa Barangay Liwayway, Sta. Rosa, Nueva Écija, el 17 de febrero. Los matones y la policía no tenían permiso de demolición y no informaron a los residentes sobre la demolición.
